El voucher, una amenaza contra las universidades públicas

La entrega de una cantidad determinada a los alumnos que egresan del bachillerato, para que sean ellos quienes decidan dónde cursar sus estudios profesionales, pone en jaque la política de financiamiento y los apoyos gubernamentales para las universidades públicas

Carlos Reyes
cra19762003@yahoo.com.mx

El voucher educativo pone en riesgo la operación, el desarrollo y la continuidad de las universidades públicas. Concretar una propuesta como ésa significa limitar el apoyo a las instituciones de educación superior. Se trata de un riesgo que ese nivel educativo no debe correr.

La entrega de una cantidad determinada a los alumnos que egresan del bachillerato, para que sean ellos quienes decidan dónde cursar sus estudios profesionales, pone en jaque la política de financiamiento y los apoyos gubernamentales para las universidades públicas.

De ponerse en marcha un mecanismo de esta índole, las instituciones de educación superior dejarían de recibir una cantidad de recursos considerable en detrimento de la calidad, equipamiento, infraestructura, investigación y capacitación para sus plantas académicas.

Se trata de un asunto muy delicado que no puede proponerse a la ligera o como una medida simplista para enfrentar asuntos estructurales, como la ampliación de la cobertura y el financiamiento de la educación superior, afirman varios especialistas e investigadores universitarios.

Ni siquiera está a discusión su viabilidad. El voucher educativo no tiene utilidad para recomponer el rumbo de las políticas públicas en este tipo de rezagos. Al contrario, de acuerdo con los especialistas en el tema, la idea es una trampa para el devenir de las universidades públicas.

Se trata de reducir un subsidio que mucho requieren las instituciones públicas. Las beneficiadas serían las universidades particulares que comenzarían a percibir una serie de ingresos que actualmente no tienen considerados.

Por ello, explican los expertos, la mejor opción para resolver el asunto de la escasa cobertura es una inyección de recursos por parte del gobierno federal de una manera más decidida y clara.

Las universidades públicas no están diseñadas para insertarse en una competencia de mercado donde las instituciones privadas tienen mayores ventajas en el terreno financiero. El voucher generaría este tipo de dinámica y, por ende, su puesta en práctica no debe ser considerada en lo absoluto. Ni a mediano ni a largo plazo. Los apoyos que demandan las universidades públicas deben ir en otra dirección.

Ni siquiera ayudaría a la competitividad, pues este tipo de apoyos terminarían recayendo en las instituciones privadas de dudosa calidad. Quienes así lo sostienen, obvian un asunto que a todas luces es la parte central del asunto: los recursos públicos deben ir de manera directa a las universidades públicas.

El voucher no merma ni solventa el ahogo financiero de las instituciones públicas, ni aclara el panorama de la cobertura. Lo mejor es rediseñar y enfocar mejor los actuales esquemas presupuestales para que las universidades tengan una mejor capacidad de respuesta ante la creciente demanda educativa. Lo demás no es una opción plausible.

En cadena con la transnacionalización
De acuerdo con Roberto Rodríguez, investigador de la UNAM, la propuesta de entregar un voucher educativo para que los alumnos puedan acceder a la educación superior resulta sumamente riesgosa por varias razones que van en detrimento de las instituciones públicas.

En principio, explica, la idea del voucher está relacionada con el creciente proceso de transnacionalización de la educación superior que se vive en el país en los últimos años, pues este tipo de instituciones tendrían, por ley, que ser una de las principales beneficiarias de este tipo de apoyos.

El también articulista de Campus Milenio señala que, como lo marca el Tratado de Libre Comercio, si este monto se aprueba y se pone en marcha, las universidades con capital extranjero tendrían que aspirar a los mismos derechos que las universidades mexicanas, ya sean públicas o privadas.

Es decir, el dinero público terminaría en las arcas de las universidades particulares que pueden recibir a la demanda estudiantil que las instituciones públicas, por sus limitaciones financieras, mas no por su calidad, están imposibilitadas de aceptar.

“Estas instituciones, si el voucher se aprobara, tendrían que ser beneficiarias, el TLC contempla una cláusula donde se especifica que las universidades extranjeras deben ser tratadas de la misma manera que las instituciones nacionales, con los mismos beneficios, no hay forma de evitar esto.”

“Se trata de un asunto que tiene un peso normativo, cualquier otra legislación o reglamento, incluso la propia Ley General de Educación, está por debajo de lo que estipula el TLC, no hay manera de hacer alguna modificación a ésta para evitarlo”, comenta.

Rodríguez Gómez establece que, si se aplica el voucher, los jóvenes que no logren ingresar a las instituciones públicas buscarían un lugar en las instituciones transnacionales y el subsidio pararía en este tipo de universidades, sobre todo si se considera que éstas, con los últimos movimientos, atienden a 20 por ciento del mercado actual en la educación superior.

“Y digo esto porque no podríamos esperar que las privadas de élite, como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, las universidades Iberoamericana, la Anáhuac, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, etcétera, pudieran recibir estudiantes rechazados de las universidades públicas, eso es impensable”, apunta.

El asunto, señala, es que este tipo de instituciones basan su prestigio en la selectividad, por lo que a estos estudiantes les aplicarían un examen, independientemente de que contaran con el voucher, lo cual los pone en condiciones muy complicadas para poder ingresar.

“Las universidades particulares de elite no aceptarían un mecanismo de ingreso directo, es un derecho, tanto de las públicas como de las privadas, escoger a sus estudiantes, por lo que los apoyos del voucher pararían en las llamadas escuelas patito”, puntualiza.

Aunado a ello, comenta el investigador, se darían más apoyos de los que ya gozan actualmente este tipo de instituciones, pues todas las universidades que están bajo régimen de asociación civil o sociedad civil tienen beneficios de exención de impuestos.

“Éstos se han agrandado porque la ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) exenta a las instituciones con fines educativos, que son asociaciones civiles, además no pagan Impuesto sobre la Renta (ISR), ni impuesto al activo, ni trasladan Impuesto al Valor Agregado (IVA), ya son subsidiadas, como quiera que se maneje, y el voucher sería darles mayor subsidio”, sostiene.

Con respecto de la viabilidad de esta propuesta, más allá de los beneficios que depara a las universidades particulares, Roberto Rodríguez señala que si se toma en cuenta que el voucher significa trasladar el presupuesto hacia las universidades privadas, es más funcional establecer incentivos para que las públicas amplíen su matrícula que subsidiar a las escuelas patito.

“El voucher no resuelve el ahogo financiero de las universidades, los estudiantes van a terminar en las escuelas patito; para poder hacer frente a la demanda con un criterio de equidad, la única solución es tener una estrategia de mejorar y enfocar el subsidio a las instituciones públicas para que aumenten su capacidad de respuesta.”

“El gobierno lo ha instalado como parte del paquete de fondos extraordinarios, pero ha tenido resistencias a generalizarse por otros problemas como el de las pensiones; cualquier incremento de matrícula, de cobertura, habla de creación de plazas y eso genera presiones en los esquemas de seguridad social, eso es lo complicado del problema”, advierte Rodríguez.

Quienes se atreven a plantearlo como una alternativa a este tipo de problemas olvidan que el subsidio directo al sector privado, como ha ocurrido en otros países, introduce fallas en el mercado.

El problema, argumenta el investigador, es que las universidades privadas “sienten ya la presión competitiva de las transnacionales porque atienden al mismo segmento de mercado, pero las transnacionales tienen un respaldo financiero mayor y frente al cual las privadas de costo medio no pueden competir”.

Una medida sin beneficios
Para Alejandro Márquez Jiménez, especialista del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (IISUE), el voucher educativo no es una medida orientada a ampliar la cobertura educativa, sino que más bien destinada a tener impacto en la calidad de la educación.

Es decir, puesto que no implica destinar mayores recursos al sistema educativo, no se espera que tenga impacto en la cobertura; por el contrario, dice, lo que está detrás de esta propuesta descansa en que a través de modificar la distribución de los recursos se puede mejorar la calidad de la educación que brindan las instituciones.

“Al entregar los recursos a las familias en lugar de a las instituciones, se tiene la expectativa de que los padres de familia orientarán su demanda hacia aquéllas que les aseguren la mejor formación para sus hijos”, apunta.

Y en ese supuesto que enarbolan quienes apoyan esta propuesta, en cuanto a las instituciones, se asume que éstas procurarán mejorar su oferta educativa, pues de ello dependerá la captación de sus recursos.

“Por lo tanto, se espera que las instituciones establezcan una competencia sustentada en el mejoramiento de su oferta educativa para atraer y captar el mayor número de estudiantes”, explica Márquez Jiménez.

Sin embargo, la dificultad de ponerlo en operación empieza por la amplia heterogeneidad que existe entre las instituciones de educación superior, sean estas públicas o privadas, pues éstas difieren en su tamaño, infraestructura y recursos académicos.

Mientras que en el sector público, estas diferencias son evidentes a través del monto del gasto público por alumno que el Estado destina a cada institución, en el sector privado, la diferencia estriba en los costos que afrontan quienes envían a sus hijos a una institución privada de élite y quienes los envían a una de las denominadas “escuelas patito”.

“Estas diferencias están estrechamente relacionadas con la calidad de la formación que brindan las instituciones. Por lo tanto, en caso de establecer principios de competencia a través del voucher, faltaría por conocer mediante qué mecanismos se trataría de homogeneizar la oferta educativa, pues de lo contrario, de inicio, se estarían generando ganadores y perdedores”, comenta.

Por ende, la dinámica se orientaría hacia las mejores instituciones y, con ello, se ampliará la heterogeneidad del sistema, pues estas instituciones tenderían a quedarse con mayores recursos y, dada su mayor capacidad de selección, con los mejores estudiantes. “Esta situación viola al menos dos supuestos que sostienen la propuesta del voucher: el principio de la libre determinación de los precios por las fuerzas del mercado y el de libre concurrencia, puesto que no todos los actores competirían en igualdad de condiciones”, explica el investigador.

Por otra parte, la propuesta del voucher, añade, tiene al menos otras tres implicaciones importantes. Debido a la diferencia en los costos por alumno de las instituciones de educación superior, la forma como se determine el monto del voucher generaría repercusiones diferentes sobre el sistema de educación superior.

“Si éste se establece con base en la institución pública que presenta los costos más altos, ello llevaría a que el Estado destinará mayores recursos a la educación superior. Esto sería así, debido a que la aplicación del voucher supone que el comportamiento de la demanda es lo que distingue la calidad de las instituciones y, por lo tanto, no se justificaría que el Estado asignara montos diferenciados dependiendo de las instituciones que demanden las familias”, apunta.

En caso contrario, comenta Márquez Jiménez, si el monto se establece en función de las instituciones de menor costo o de un costo medio, esto no traería mayores problemas financieros para el Estado, pero seguramente las instituciones que han sido más beneficiadas en la asignación presupuestal resentirían esta medida; la cual probablemente afectaría la calidad con que actualmente desarrollan sus funciones.

En este caso, dice, por un lado tenemos el requerimiento de mayores recursos y, por el otro, un efecto adverso al mejoramiento de la calidad educativa. En resumen, se corre el riesgo de acrecentar las diferencias y las desigualdades.

“Al tratar indistintamente a las instituciones públicas y privadas, la propuesta del voucher traerá consigo una demanda adicional de recursos sobre el Estado, pues los sectores sociales que actualmente afrontan los costos de la educación privada resultarían también beneficiados de esta medida.

“Es decir, los recursos que destina el Estado a la educación superior no aumentan, pero sí los beneficiarios. Esta situación probablemente resultaría del agrado de los nuevos beneficiarios. Sin embargo, sería otro elemento que contribuiría a romper el pacto social establecido bajo el marco del Estado de bienestar, donde el Estado, a través de la captación de impuestos, transfería recursos de los sectores sociales más pudientes de la sociedad hacia aquellos grupos sociales que se consideraban más vulnerables”, analiza el especialista.

Por ende, aquellos que sin la participación del Estado resultaría difícil que accedieran a determinados bienes y servicios que se consideran fundamentales para la subsistencia y para acceder a mejores condiciones de vida.

Con respecto de la libertad de elección, el voucher tampoco es muy funcional porque, como ha quedado demostrado en los países donde se ha aplicado esta medida, el monto de los recursos que se entrega a las familias no corresponde con los costos de las instituciones más prestigiosas del sector privado, por lo cual las familias que quieren enviar a sus hijos a esas instituciones tienen que afrontar un costo adicional.

“Por lo anterior, la libertad de elección que se asume trae consigo la implementación del voucher, se restringiría sólo a las familias que pueden afrontar los costos adicionales, las cuales se asume serán las mismas que con anterioridad ya eran usuarias de este sector educativo. Con las condiciones actuales, se considera que el voucher implicaría la transferencia de recursos que anteriormente eran destinados al sector público hacia los usuarios de la educación privada”, enfatiza.

Por eso, el voucher no debe verse como un salvavidas que garantiza la solución al tema de la cobertura como hacen suponer quienes lo han propuesto así. Márquez Jiménez agrega que se debe pensar, en cambio, en la necesidad de establecer una política de Estado que reconozca la prioridad que tiene la educación superior para el desarrollo nacional.

Asimismo, pensar en la implementación de mecanismos que comprometan y, principalmente, responsabilicen a los diferentes actores involucrados en la asignación de los recursos públicos a la educación superior.

Mientras no exista la voluntad política de estos actores, señalan, probablemente el presupuesto para la educación superior seguirá manejándose como un botín político, manteniéndose los problemas de cobertura e iniquidad en la distribución de los recursos.

En ese contexto, en la aplicación del voucher no se percibe ningún beneficio para la ampliación de la cobertura educativa, dado que no implica una inversión mayor de recursos.

En cuanto a mejorar la calidad de la educación, sus resultados tampoco tendrían una implicación directa debido a la amplia heterogeneidad del sistema de educación superior, simplemente tendería a beneficiar a las instituciones y sectores que se encuentran en mejores condiciones.

En síntesis, el voucher “entraña el riesgo de hacer más inequitativo el sistema, pues implica una transferencia de recursos del sector público hacia los usuarios de la educación privada y, con ello, el abandono de la obligación del Estado en la redistribución de oportunidades sociales entre los diversos sectores de la población”.

Un riesgo que, en lo más mínimo, deben correr las universidades públicas, y mucho menos los encargados de las políticas públicas y la toma de decisiones en ese sector de la educación.

La propuesta indecorosa
Aunque en la discusión, en los años ochenta y noventa, de la teoría económica aplicada a cuestiones educativas, uno de los ejes fundamentales de discusión fue el subsidio a la demanda, a través del voucher, por sus riesgos y veladas implicaciones adversas está fuera de sitio pensar en retomar dicha propuesta.

Para Rollin Kent Serna, especialista de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), los argumentos que avalaban esta idea han quedado totalmente rebasados por el entorno y la situación que prevalece en la educación superior mexicana.

Quienes estaban a tono con esta opción sostenían que cuando menos tenía dos ventajas: fortalecer el mercado en la educación frente al Estado y el derecho de optar por distintas ofertas educativas.

Aunado a ello, presuntamente las universidades tendrían que mejorar sus servicios para competir por los vouchers, pero la realidad superó a la teoría y está demostrado que no es una medida recomendable, asegura.

“Es difícil hacerlo: hay que decidir a quién le toca el voucher, cómo entregar los fondos a las instituciones favorecidas por tenedores de vouchers, cómo vigilar la competencia entre ellas. Se requiere, paradójicamente, de un sistema burocrático extenso para implementarlo.”

“Obviamente, para las instituciones privadas que enfrentan mayor competencia en el mercado, por la multiplicación de este tipo de instituciones, es más que adecuado y pertinente”, comenta.

No obstante, desde el punto de vista del bien público, lo más importante en esta discusión, la respuesta es otra: el Estado tiene la obligación de velar por el bien público que en educación superior es una combinación de calidad, pertinencia, equidad y eficiencia y la política con un sistema de vouchers va en dirección opuesta.

Si lo que se argumenta es la calidad, se estaría subsidiando a las instituciones privadas de dudosa calidad y no hay evidencias de que una mayor competencia las obligue a mejorar sus servicios.

Si lo que se alega es la pertinencia, hay muchas dudas, cuestiona Kent Serna. ¿Acaso son estas instituciones privadas las que ofrecen programas pertinentes? ¿No son las que multiplican las carreras de derecho, contaduría y administración por toda la república?

Si de lo que se trata es la equidad, el voucher tampoco es funcional. En efecto, se estaría ayudando a un segmento de menores ingresos a entrar a la educación superior, pero a instituciones que van a acabar por devaluar su estatus en el mercado.

“Esto no es favorecer a estudiantes de menores ingresos, sino engañarlos”, apunta el investigador. Y si es la eficiencia lo que se pregona como una ventaja del voucher, entonces, una interrogante a todas luces obvia: ¿qué uso de los recursos públicos es más eficiente, subsidiar a instituciones de dudosa calidad o crear más instituciones públicas de buena calidad?

El camino, dice, debe ir en función de ampliar la oferta en universidades públicas e incentivar a las instituciones privadas de dudosa calidad a mejorar su rendimiento para cumplir con el objetivo de una mayor cobertura social con calidad.

“En tercer lugar, mantener y ampliar los programas de becas a estudiantes de menores recursos. Los riesgos ya se indicaron: subsidiar con fondos públicos a instituciones privadas de dudosa calidad, dando el sello de legitimidad del Estado a situaciones de fraude e inequidad educativos, no es el camino”, asevera.

Además, una vez creado un sistema como el de vouchers, es sumamente difícil cambiarlo o eliminarlo porque crea alrededor de éste un grupo de presión. Por ello, hay que desecharlo como una alternativa. Los riesgos para la educación superior pública de calidad son obvios.









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